La negación del genocidio en Guatemala.

Carlos Figueroa Ibarra · · · · ·


Hace unos días arribó a Guatemala quien fuera el embajador de dicho país ante la Unión Europea, Antonio Arenales Forno. Ha regresado al país para hacerse cargo de la Secretaría de la Paz, dependencia gubernamental que tiene a su cargo el Programa Nacional de Resarcimiento. Es importante destacar esto porque el PNR es el organismo dedicado a resarcir material y moralmente a víctimas y familiares de víctimas de los crímenes de lesa humanidad durante el conflicto interno en dicho país (1960-1996). Hoy el PNR es dirigido por el ex militante revolucionario y después alguien involucrado en la contrainsurgencia, Jorge Herrera. Su jefe inmediato es el embajador Arenales Forno quien además de ser activo participante por la parte gubernamental en los acuerdos de paz finalmente firmados en diciembre de 1996, también es un firme convencido de que en Guatemala no hubo genocidio. Sus argumentos que pueden ser encontrados en el diario Elperiódico de Guatemala se reducen a dos elementos básicos. En dicho país no hubo genocidio porque no se cumplió lo que el Estatuto de Roma define como tal: el exterminio de un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Además en el caso guatemalteco debería demostrarse que tal exterminio, si lo hubo, haya sido intencional (http://www.elperiodico.com.gt/es/20120226/pais/208597/).

Para Arenales Forno resulta inaceptable comparar el caso guatemalteco con lo que se observó en la Alemania nazi o en la Ruanda de 1994. Pero como no se puede ocultar que en Guatemala hubo una matanza en gran escala con 150 mil ejecuciones extrajudiciales y 45 mil desapariciones forzadas, Arenales Forno tiene que afirmar que “Nadie niega, sin embargo, que en el país pudo haber ejecuciones extrajudiciales, matanzas, masacres o asesinatos”. A su juicio lo que debe demostrarse es que en Guatemala los autores de la matanza hayan “tenido la intención de destruir total o parcialmente a los grupos antes referidos”. Es decir a los grupos nacionales, étnicos, raciales o religiosos.

Los argumentos de Antonio Arenales Forno reproducen los de los genocidas y sus abogados defensores al agregar el hecho de que en Guatemala se haya promulgado una amnistía para los delitos cometidos en el contexto del conflicto interno. El problema espinoso para los genocidas y sus defensores es que la amnistía de 1996 no puede comprender a los delitos de genocidio, tortura y desaparición forzada. El tema del genocidio está teniendo en Guatemala una gran actualidad en tanto que durante la gestión de la actual Fiscal General, Claudia Paz y Paz, se han iniciado procesos judiciales contra algunos de los mandos superiores de la matanza en Guatemala: los generales Héctor Humberto Mejía Víctores (jefe de Estado durante 1983-1986), Efraín Ríos Montt (presidente de facto durante 1982-1983), Héctor Mario López Fuentes (jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional durante 1982-1983) además del ex jefe policíaco y connotado esbirro Pedro García Arredondo (jefe del Comando 6 de la policía durante el gobierno del general Romeo Lucas García 1978-1982). La actualidad del tema del genocidio proviene también del hecho de que no solamente algunos funcionarios medios y altos (como el caso de Jorge Herrera) resultan afectados por esta exigencia de justicia, sino el mismo presidente Otto Pérez Molina tiene acusaciones similar en su contra.

Vive Guatemala una lucha sorda entre memoria y olvido. Para los familiares de las víctimas, los activistas de derechos humanos y los sectores progresistas, la memoria de la infamia pasa por la justicia y la verdad. Para los que cometieron los actos criminales y sus defensores el pasado debe olvidarse y resulta una irresponsabilidad venir a sacar hechos oprobiosos del pasado cuando Guatemala lo que necesita es olvidar y seguir adelante.
Genocidio: el huevo de la serpiente

Hace unos días mi querido amigo Carlos Cáceres R. me prestó el libro del coronel retirado y licenciado Mario Mérida que lleva por título “Venganza o juicio histórico. Una lectura retrospectiva del informe de la CEH”. El general Mérida es un activo defensor del punto de vista militar y portavoz de la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (AVEMILGUA). Quiero decir que respeto profundamente a personas como el general Mérida que defienden con razones y no con insultos sus puntos de vista. Advierto en él a un respetable hombre de convicciones y no a un político convenenciero dispuesto a cambiar sus creencias por un plato de lentejas. Su libro, en el que trata de fundamentar lo que él considera la parcialidad de la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH), es una laboriosa recopilación de puntos de vista en los cuales se intenta demostrar que en Guatemala también los integrantes de las guerrillas cometieron crímenes de lesa humanidad. Habrá que recordar que la CEH fue creada por acuerdo entre el gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) en los acuerdos de Oslo del 23 de junio de 1994. No fue pues la CEH una instancia creada por los insurgentes o “los comunistas”.

Pero el libro del coronel Mérida parte de un supuesto que debilita sustancialmente sus argumentos. El conflicto interno que vivió Guatemala durante la segunda mitad del siglo XX fue originado porque en Guatemala surgió un grupo de gente que como cáncer fue proliferando por toda la sociedad: “los comunistas”. Es nuestro autor fiel exponente del pensamiento de la guerra fría, basta ver cómo orgullosamente exhibe su cárdex de calificaciones en esa escuela de genocidio que fue la Escuela de las Américas, en la cual fue un buen alumno durante 1985.

Impregnado de la ideología anticomunista, el general Mérida hace un análisis muy simple de las causas del conflicto: los comunistas son los responsables de lo que sucedió. No fue la dictadura militar, la injusticia, la expoliación, la miseria social. Como buen anticomunista su acepción de comunismo es muy amplia: engloba a todos aquellos que se opusieron al régimen dictatorial y la miseria imperante en Guatemala durante la segunda mitad del siglo XX. El libro del general Mérida sigue pues la satanización de un grupo de personas que la portada de su libro ilustra: hay una mujer indígena, un hombre con la hoz y el martillo en la espalda y un sacerdote, empuñando una lupa que dirigen al ejército, a los comisionados militares y a los Patrullas de Autodefensa Civil (PAC).

Michel Foucault escribió alguna vez que en los tiempos modernos en los cuales el Estado ya no solo hace morir y deja vivir, sino hace vivir y deja morir, se necesitaba del racismo para matar gente en gran escala (genocidio). El huevo de la serpiente del genocidio es construir una otredad negativa a la que hay que exterminar. En Guatemala esas otredades negativas fueron “el indio” y el “comunista”. El general Mérida agrega otra desde la portada de su libro: “el cura comunista”. En el genocidio no solamente el Estado es indispensable para matar a una gran cantidad de personas. Se necesita también que la sociedad o una parte de ella comparta ideológicamente la necesidad de exterminar al grupo o grupos que atentan contra el orden imperante. Algunos de los muchos comentarios que recibo de los lectores de mis artículos publicados en el diario guatemalteco La Hora, me revelan la persistencia del huevo de la serpiente y las potencialidades genocidas que siguen existiendo en Guatemala. Por ejemplo éste: “…A los "intelectuales socialistas" que discuten a la sombra de Starbucks y en los salones hoteleros, comiendo y bebiendo de gratis hablando de la "Internacional Socialista" cuyos "representantes" aquí han sido, son y serán un vómito, defecación, bazofia como el patantaco que "dijo" que" presidió" (Álvaro Colom), la salamandra hiena codiciosa usurpadora (Sandra Torres), el judío stein (el ex vicepresidente Eduardo Stein)... Como ya Dios nos olvidó, recurriremos al mismo Satanás y sus demonios para acabar, terminar con los mareros drogadictos. Espacio me falta para desenmascarar esa maldita patraña "comunista-socialista-valemierdista"”. O bien éste otro a propósito de mis artículos sobre Cuba: “y eso es lo que usted quiere para Guatemala, casas vetustas, edificios decrépitos, con vigilancia continua con tarjetas de racionamiento, no señor yo no quiero eso para mi amada Guatebella, quiero lo mejor a base de trabajo tesonero y honrado, es usted una alimaña ponzoñosa por lo que quiere para la República…”

Al leer estos comentarios, que me resultan muy útiles para mis trabajos de investigación sociológica, recordé el antisemitismo de los nazis. Lo de “alimaña ponzoñosa” me recordó cómo el genocidio de los tutsis por los hutus en Ruanda en 1994 se vio precedida de una campaña radiofónica que calificaba a los primeros como “cucarachas”.

No cabe duda, el huevo de la serpiente sigue allí.

¿Hubo genocidio en Guatemala?

Como se ha dicho al principio de este artículo en el último año el tema del genocidio ha estado en las controversias que hemos observado en Guatemala. Los motivos son los que también ya se han mencionado y la respuesta no se ha hecho esperar. Lo que nos han dicho el candidato y luego presidente Otto Pérez Molina, los defensores de los militares sindicados y los voceros de AVEMILGUA es que en Guatemala no hubo genocidio porque jamás hubo la intención de eliminar parcial o totalmente al pueblo maya.

Como verdad histórica el genocidio es la eliminación física de personas en gran escala. Genocidio es pues una matanza de grandes proporciones. Y esto es lo que hubo en Guatemala al menos entre 1960 y 1996: 150 mil ejecuciones extrajudiciales y 45 mil desapariciones forzadas. Durante el siglo XX hubo al menos cuatro genocidios que se consideran los de mayor envergadura. El primero de ellos fue el cometido por el Estado turco contra los armenios entre 1915 y 1917 en el contexto de la primera guerra mundial (entre un millón y medio y dos millones de armenios asesinados). El segundo gran genocidio fue el cometido por los nazis contra los judíos (aunque también contra los gitanos) fundamentalmente entre 1942 y 1945 (6 millones de judíos inmolados).

El tercer gran evento fue el genocidio en 1965 de entre 500 mil y un millón de personas en Indonesia al calor de una vasta represión anticomunista. El cuarto gran genocidio fue el de los Tutsis cometido en 1994 por los Hutus en Ruanda, durante el cual en unos cuantos meses, entre 500 mil y un millón de Tutsis fueron asesinados por los Hutus con el amparo del Estado de Ruanda.

En la América contemporánea probablemente los genocidios más significativos fueron los observados en Guatemala (200 mil personas aproximadamente entre 1960 y 1996) y el de Argentina (30 mil personas entre 1973 y 1984). Pero en el caso guatemalteco y el argentino, la verdad histórica se contrapone a la verdad jurídica porque el concepto jurídico de genocidio se ampara en la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio adoptada por la ONU el 9 de diciembre de 1948. En términos sucintos, como lo recuerda Arenales Forno a propósito del Estatuto de Roma, la Convención de la ONU considera genocidio cuando se hacen acciones para eliminar parcial o totalmente a grupos nacionales, étnicos, raciales o religiosos. Todavía en 1946 los ponentes de la resolución de la ONU incluían en la anterior lista a los grupos “políticos”, los cuales fueron eliminados porque hubo oposición de la Unión Soviética y otros países. Es este vacío en el cual se sustenta la triquiñuela jurídica que pretende escamotear para Guatemala la categoría de genocidio para calificar la matanza ocurrida en éste país.

En efecto a diferencia de los genocidios armenios, judíos o tutsis, en Guatemala el genocidio no estuvo encaminado a hacer una limpieza racial, étnica o de algún grupo nacional. El sentido del genocidio fue el de una de sus variantes, como lo es el “politicidio”, es decir la eliminación de un grupo político: los comunistas (reales o supuestos). Desde ese punto de vista, apoyándose en un vacío jurídico que tiene la Convención de la ONU, en Guatemala no habría habido genocidio. Pero el vacío jurídico como lo han señalado los especialistas en el tema origina una monstruosidad jurídica: la desigualdad frente a la ley. Solamente hay genocidio si se habla de grupos nacionales, étnicos, raciales o religiosos. Si se trata de grupos políticos no se puede hablar de genocidio. Desde esta perspectiva el genocidio en la Indonesia de los años sesenta del siglo XX no sería tal. Ni tampoco lo sería la matanza en Guatemala…

Como verdad histórica indudablemente en Guatemala hubo un genocidio. Pero también es posible demostrar que lo hubo en el plano de la verdad jurídica. La inmensa mayoría de las víctimas del genocidio en Guatemala fueron integrantes de algunos de los grupos étnicos que existen en el país. Y en 1982, independientemente de los ladinos que fueron asesinados, un grupo étnico fue particularmente atacado siguiendo todos los cánones del genocidio que estableció en 1948 la ONU: la etnia ixil en el departamento de El Quiché.

He aquí algunos de los argumentos que tendrán que enfrentar los genocidas guatemaltecos y sus defensores.

Ríos Montt y el genocidio en Guatemala

El jueves 26 de enero de 2012, la jueza Primero de Mayor Riesgo, Carol Patricia Flores, después de escuchar las acusaciones de la fiscalía contra el general Efraín Ríos Montt, decidió dictarle una fianza de 500 mil quetzales y arresto domiciliario para poder enfrentar el proceso que se le sigue por los delitos de genocidio y crímenes contra la humanidad. Nuevamente como sucedió con Al Capone, al general Ríos Montt se le está acusando por una parte mínima de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante su mandato entre marzo de 1982 y agosto de 1983: 11 masacres cometidas en la región ixil del departamento de Quiché durante las cuales murieron 1,771 personas, 1,485 mujeres fueron violadas y 29 mil personas fueron desplazadas de sus pueblos.

En términos jurídicos y de acuerdo con la Convención Para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de la ONU, esto es genocidio porque es una acción de liquidación de uno de los cuatro grupos que tipifica el Artículo II de dicha convención: un grupo étnico. También es delito de genocidio porque según la fiscalía cuando familias enteras huyeron hacia las montañas, el ejército impidió que se le distribuyeran alimentos además de que destruyó los cultivos de los cuales vivían los ixiles. El literal c del artículo II de la convención señala que parte del delito de genocidio es el “Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial”. En suma genocidio de acuerdo a la convención no es solamente matar parcial o totalmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, sino crear las condiciones de existencia que provoquen su destrucción física parcial o total.

Los genocidas y sus defensores han esgrimido argumentos para contrarrestar la acusación de genocidio. El presidente Pérez Molina ha repetido: “Lo dije cuando estaba de candidato y lo vuelvo a repetir hoy que estoy de Presidente de la República, es que aquí en Guatemala no hubo genocidio. Se tipifica el genocidio cuando hay un exterminio de una raza por razón de ser una raza. Aquí en Guatemala lo que hubo fue un conflicto armado interno que la guerrilla lo llevó al interior del país y quisieron involucrar a las poblaciones mayas, pero aquí no hubo en ningún momento un exterminio por razón de raza, ustedes pueden chequear los archivos del Ejército y ahí van a encontrar que en un 80 por ciento, o en un 70 por ciento, el Ejército estaba compuesto también por población maya”. Pese a las argumentaciones de Pérez Molina y Arenales Forno, cierto es que en Guatemala el ánimo genocida fue el politicidio (acabar con los comunistas reales o supuestos) y no el etnocidio, pero para llevarlo a cabo, se efectuó el aniquilamiento parcial de Kiche’s, Kakchikeles, Kekchi’s, Ixiles y otras etnias más.

No es creíble que el general Ríos Montt no tuviera conocimiento directo de los crímenes que se estaban cometiendo en su mandato como ha dicho su abogado defensor Danilo Rodríguez. Ríos Montt fue un ejecutor de un plan trazado por el alto mando del ejército y de ninguna manera fue un títere en manos de dicha cúpula. Pese a que Juan Luis Font le crea al general (ElPeriódico, 27/1/2012) el propio Ríos Montt declaró cuando era presidente de facto: “si yo no puedo controlar al ejército ¿Entonces qué estoy haciendo aquí?”(http://www.youtube.com/results?search_query=si+yo+no+puedo+controlar+Rios). También se ha dicho que la defensa del general podría argumentar la vigencia de la Ley de Reconciliación Nacional del 27 de diciembre de 1996, Decreto 145-96, por medio de la cual se declaraba extinción de responsabilidad penal a los delitos cometidos por guerrillas y ejército. Pero se ha dicho también que las amnistías no comprenden los delitos de genocidio, tortura y desaparición forzada.

Confieso que no puedo dejar de sentir pena por el general Efraín Ríos Montt. Pudo haber terminado su vida asociado a generales de la estirpe del uruguayo Liber Seregni y hoy se le vincula con Hitler. Tuvo la oportunidad histórica en 1974 de llegar a encabezar a un vasto movimiento de reforma democrática después del fraude electoral del que fue víctima en ese año por parte de la camarilla militar del momento. En vez de eso, aceptó un exilio dorado como agregado militar, se refugió en el alcoholismo y después en el fundamentalismo protestante. En 1982 los militares golpistas lo fueron a sacar de su casa o de su iglesia para ponerlo al frente del gobierno y se embarcó en la aventura genocida que hoy lo mancha. Los recuentos de desaparecidos y ejecutados en 1982 colocan ese año como la cúspide del terror masivo y selectivo contra el pueblo guatemalteco.

Ríos Montt acaso gane la batalla de la verdad jurídica. Pero la de la verdad histórica hace rato la perdió para siempre.

Carlos Figueroa Ibarra es un sociólogo guatemalteco, profesor investigador del Posgrado de Sociología en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Autor, entre otros libros, de Guatemala: el recurso del miedo.

http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=4783