Adri Nieuwhof y Mireille Fanon Mendès-France
The Electronic Intifada
Traducido del inglés para Rebelión por Beatriz Morales Bastos
Un nuevo informe del Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD, por sus siglas en inglés) critica a Israel por violar el derecho a la igualdad.
Una versión preliminar del informe del CERD indica que casi en cada faceta de la vida israelí se pueden encontrar prejuicios raciales (“Concluding observations of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination”, 9 de marzo de 2012 [PDF]).
El CERD es un organismo formado por especialistas jurídicos que vigila la implementación de la Convención International sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, la cual estipula que toda doctrina de superioridad basada en la diferenciación racial es científicamente falsa, moralmente condenable y socialmente injusta y peligrosa.
Una legislación básica fallida
Según este informe, la legislación clave en Israel es contraria a esta convención. La Ley Básica de Israel (lo más cercano que existe en Israel a una constitución escrita) no contiene compromiso alguno con la igualdad o con la prohibición de la discriminación. La legislación israelí tampoco contiene una definición adecuada de discriminación racial.
El informe del CERD es una respuesta a un documento de 183 páginas que Israel sometió al Comité a principios de este año. Aunque se exige a Israel proporcionar cada dos años una actualización formal de sus progresos para eliminar la discriminación racial, tiende a no cumplir este plazo. Su última actualización era un intento de unir tres informes diferentes que supuestamente había enviado al Comité en 2006, 2008 y 2010 respectivamente.
El informe de Israel se limita a las cuestiones relativas a sus fronteras reconocidas internacionalmente, sin mencionar el trato que da a los palestinos de Cisjordania y Gaza. Pero el informe del CERD llama la atención a Israel debido a su discriminación racial tanto dentro del Estado como en los territorios ocupados, incluyendo los Altos de Golán sirios.
Entre su lista de quejas el CERD consigue destacar cuatro pequeños logros en relación a la trayectoria de Israel entre 2004 y 2010. Por ejemplo, da la bienvenida a una ley que prohíbe la violencia en el deporte.
Segregación
El CERD expresa una particular preocupación por la segregación entre las comunidades judías y no judías en Israel. Por ejemplo, existen dos sistemas diferentes de educación (uno en hebreo y otro en árabe) y dos sistemas diferentes de gobierno local (para los municipios judíos y para los “municipios de las minorías”).
El Comité pone de relieve su inquietud ante las acusaciones de discriminación actual de los judíos etíopes (también conocidos como falashas) en Israel. Más del 50% de las familias judías etíopes en Israel viven por debajo del umbral de pobreza, mientras que la cifra correspondiente para las familias blancas judías de Israel es el 16%. Los judíos etíopes se enfrentan a toda una serie de problemas en Israel, tales como frecuentes agresiones verbales de naturaleza racista y tener que limitarse a empleos mal remunerados (“The tribulations of being an Ethiopian Jew,” IRIN, 9 February 2012).
Al constatar que Israel niega a los palestinos (incluyendo a los beduinos) un acceso igual a la tierra y a la propiedad por medio de varias leyes discriminatorias sobre cuestiones referentes a la tierra, el CERD “recomienda encarecidamente” que Israel revoque toda legislación que no cumpla el principio de no discriminación. Lo mismo se aplica a las leyes y proyectos de ley que hacen depender los beneficios sociales y económicos de la realización del servicio militar.
El Comité aborda explícitamente la situación de las vulnerables comunidades beduinas originarias en Israel. Pide a Israel que detenga su actual política de demoliciones de casas y de desplazamientos forzados.
Dividir a las familias
Además, Israel debe revocar la legislación que impide la reunificación familiar entre palestinos que tienen la ciudadanía israelí y los residentes en Cisjordania y Gaza, y que afecta gravemente al derecho al matrimonio y a la elección del cónyuge. El derecho fundamental a la vida familiar está consagrado por la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Según el CERD, Israel debe actuar en contra de la oleada de racismo y xenofobia en el discurso público. Por consiguiente, se deben condenar enérgicamente todas las declaraciones racistas y xenófobas por parte de altos cargos públicos y dirigentes religiosos dirigidas contra los palestinos y contra las personas de origen africano que buscan asilo.
Discriminación sistemática
El CERD refuta la afirmación de Israel de que la Convención contra la discriminación racial no es aplicable a su comportamiento en Cisjordania, Gaza y los Altos de Golán. El Comité se refiere a la segregación de facto en Cisjordania, con dos sistemas legales y dos grupos de instituciones completamente diferentes para los colonos israelíes y para los palestinos. El Comité está “horrorizado por el carácter hermético de esta segregación”.
Al tiempo que sigue expandiendo las colonias israelíes Israel niega sistemáticamente los permisos de construcción a las comunidades palestinas y beduinas de Cisjordania. Israel debe garantizar los derechos palestinos y beduinos a la propiedad y al acceso a la tierra, a la vivienda y a los recursos naturales, especialmente al agua, y eliminar la política de “equilibrio demográfico”, afirma el CERD.
Israel debe, además, acabar con su bloqueo a Gaza y permitir con toda urgencia la entrada de los materiales de construcción necesarios para reconstruir las viviendas e infraestructuras civiles en la Franja.
El Comité también amonesta a Israel por el aumento de las detenciones y encarcelamientos de niños, y de los juicios de estos en tribunales militares, y por la política de detención aministrativa, según la cual se mantiene a los presos en la cárcel sin cargos ni juicio. Y llama la atención sobre los obstáculos monetarios y físicos a los que se enfrentan los palestinos de Gaza que buscan compensaciones judiciales ante los tribunales israelíes por las pérdidas sufridas, especialmente durante la Operación Plomo Fundido, la ofensiva de bombardeos por parte de Israel durante tres semanas entre finales de 2008 y principios de 2009.
El CERD expresa también su inquietud por la inmunidad que gozan los colonos israelíes respecto a su violencia racista y a sus actos de vandalismo. El 90% de las investigaciones policiales de violencia relacionada con los colonos durante el periodo 2005-2010 se cerró sin interponer una acción judicial.
En los Altos de Golán se niega a los residentes originarios un acceso igual a la tierra, a la vivienda y a los servicios básicos, según el CERD. Desde la anexión ilegal del territorio en 1981 por parte de Israel se han roto lazos familiares.
Acabar con la impunidad
El momento en que se llevó a cabo el informe del CERD coincidió con otro ataque israelí a Gaza que dejó al menos 26 palestinos muertos, incluyendo cinco civiles, y otras 80 personas heridas, la mayoría de ellas civiles. Una vez más, Israel ha demostrado su total desprecio por el derecho internacional.
La impunidad de Israel debe cesar haciendo al Estado responsable de sus violaciones del derecho internacional, incluyendo el derecho inalienable del pueblo palestino a la autodeterminación. Estas leyes están en vigor para garantizar que todos los pueblos pueden vivir en una paz y seguridad internacionales. Por el momento, el Estado de Israel considera que está por encima del derecho internacional.
Con la negativa de los gobiernos más poderosos del mundo a hacer que Israel asuma sus responsabilidades es esencial que las personas de conciencia del mundo den un paso más en su compromiso con la campaña por el boicot, las desinversiones y las sanciones a Israel. El informe del CERD demuestra por qué los activistas de la solidaridad con Palestina, los movimientos sociales, las iglesias, los sindicatos y otros ciudadanos preocupados tiene todas las razones para continuar e intensificar su trabajo.
Adri Nieuwhof es un consultor y abogado de derechos humano residente en Suiza.
Mireille Fanon Mendès-France es miembro del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Personas de Ascendencia Africana.
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=147273
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