Expulsión masiva del siglo XXI

Nasim Ahmed
Palestinian Telegraph

Traducción para Rebelión de Loles Oliván


Sobre la Orden de Israel en relación con la prevención de la infiltración (enmienda nº 2) y la Orden sobre Disposiciones de seguridad (enmienda nº 112) aprobadas el pasado martes, 13 de abril de 2010.

Tras el eufemismo “prevención de la infiltración” se esconde una terrible realidad que los responsables israelíes tratan desesperadamente de ocultar. Esta simple realidad ha sido cardinal a lo largo de la existencia de Israel y lo sigue siendo. Se trata de una realidad que conecta la limpieza étnica de los palestinos en 1948 y las recientes órdenes militares que darían lugar a la expulsión forzosa de miles de palestinos. Es la realidad de que Israel se fundó sobre la política del traslado sistemático de población con la que ha seguido comprometido desde su creación.

Este simple hecho es un resultado natural de la ideología esencial de Israel: “redimir la tierra con la menor cantidad posible de población indígena”. Desde sus inicios, esta ideología esencial se ha aplicado eficazmente a través de métodos modernos de traslado de población y de apropiación de la tierra. Ello explica por qué, aun cuando cambien la retórica y la política, la expulsión y la desposesión se mantienen a través de diversos métodos.

Su estrategia comenzó con la negación absoluta de los palestinos como pueblo. Desde entonces y durante muchas décadas, Israel ha desarrollado y perfeccionado políticas para dispersar, encarcelar y empobrecer al pueblo palestino, en un esfuerzo incesante para destruirlos como nación. Ha industrializado la miseria palestina mediante sistemas cada vez más sofisticados de toques de queda, puestos de control, muros, permisos y apropiaciones de tierras. Ha transformado Cisjordania y Gaza en un laboratorio de pruebas sobre la infraestructura del confinamiento, la firmeza y el límite de la desesperación humana.

A lo largo de la historia de Israel rara vez se ha perdido una oportunidad de poner en práctica el núcleo principal de la política de traslado de población y ha seguido sin descanso el mismo rumbo mediante sus muchas guerras, mediante la colonización progresiva en la forma de construcción de asentamientos, a través de un régimen que combina ocupación, apartheid y colonización.

Toda la estructura legal de Israel en los territorios ocupados se ha diseñado para servir a este fin. Desde 1967, con el fin de controlar a la población palestina ocupada, Israel ha aprobado más de 1.200 órdenes militares y ha alterado la situación administrativa y legal en los territorios ocupados palestinos violando el derecho internacional humanitario. Otras partes de Cisjordania ocupada, incluyendo Jerusalén Oriental, fueron anexionadas a Israel inmediatamente después de la guerra de 1967; la colonización de la ciudad ocupada sigue adelante en violación del derecho internacional. Su régimen militar, en efecto, ha legalizado lo ilegal.

Para asegurar sus aspiraciones y mantener los privilegios judíos sobre la tierra, Israel aprobó la Ley del Retorno (1950), la Ley de Propiedad de los Ausentes (1950), la Ley de la Propiedad del Estado (1951), la Ley de Ciudadanía (1952), la Ley sobre el Estatuto (1952), la Ley de Administración de Tierras de Israel (1960), la Ley de Construcción y Edificación (1965), y la Ley “temporal” de 2002 que prohíbe el matrimonio entre palestinos de Israel y palestinos de los territorios ocupados. En consonancia con esta tendencia se han promulgado en abril de 2010 dos nuevas órdenes militares, la Orden sobre la Prevención de Infiltraciones (enmienda nº 2) y la Orden sobre Disposiciones de Seguridad (enmienda nº 112).

Esta orden militar forma parte de una serie de medidas aplicadas por Israel para vaciar Cisjordania de palestinos, especialmente sacándolos a Gaza. Supondrá que decenas de miles de palestinos sean deportados de los territorios ocupados de Cisjordania. Las órdenes han modificado sustancialmente la definición de “infiltrado” y de hecho se aplica a todo el que se encuentre en Cisjordania sin permiso israelí. Las órdenes no definen lo que Israel considera un permiso válido. A la gran mayoría de personas que viven en Cisjordania no se les ha exigido nunca disponer de ningún tipo de permiso para estar en su propia tierra y exigirlo es absurdo.

Hay decenas de miles de personas en situación de riesgo, que en absoluto representan amenaza de seguridad alguna, intentando vivir sus vidas. La orden los convertirá en delincuentes —porque convierte en delito estar en la propia casa. Como consecuencia, el tejido de la vida en Cisjordania quedará hecho añicos.

La orden clasifica a las personas que no tengan los documentos israelíes apropiados como “infiltrados”. El texto de la Orden ha sido modificado respecto de la orden original redactada en 1969, que ya entonces contravenía el derecho internacional. Entonces la definición de “infiltrado” era: “Persona que ha entrado en el área a sabiendas e ilegalmente después de haber estado presente en la franja oriental del Jordán [Cisjordania], Siria, Egipto o Líbano tras la fecha vigente (de la orden dada)”. En el marco de la nueva Orden se ha cambiado a: “Infiltrado: persona que ha entrado ilegalmente en la zona después de la fecha vigente, o persona que esté presente en la zona sin disponer de un permiso legal”.

Las órdenes están redactadas de manera tan vaga que teóricamente habilitaría al ejército para vaciar Cisjordania de casi todos sus habitantes palestinos. El documento en sí no especifica exactamente qué se entiende por “un permiso” y deja a los palestinos a merced de los israelíes.

A tan indiscriminada propuesta le es ilegalmente indiferente la composición del pueblo palestino. Desde que se produjo la expulsión del pueblo palestino de su tierra en 1948, la gran mayoría ha sido forzada a vivir como refugiada en países de acogida a lo largo de Oriente Próximo y muchos se han visto forzados a huir a otras partes del mundo. La naturaleza de la Diáspora es tal, que las personas se ven obligadas a vivir bajo regímenes diferentes con muy diversos retos planteados y con extrema dificultad respecto a las funciones de la comunidad. Tales retos no han impedido a los palestinos regresar a su tierra y vivir como palestinos en Palestina.

Este asalto indiscriminado a las familias y a la comunidad palestina no sólo contraviene el derecho internacional sino la mera humanidad. El modelo de familia palestina tiene lazos muy extensos y la orden militar está concebida para separar a las familias palestinas. Ello tendrá enormes implicaciones que auguran dolor, ira y frustración que serán ventilados en la calle.

Hasta diez diferentes grupos de derechos humanos han condenado estas medidas, incluida Btselem y algunas otras israelíes. Han planteado graves preocupaciones sobre el futuro impacto que tendrá para decenas de miles de palestinos que pueden ser expulsados de sus hogares. Las organizaciones de derechos humanos también han mencionado su impacto inmediato, que se dejará sentir muy pronto a través de dos grupos distintos de palestinos: los de Gaza y los palestinos y no palestinos de otros países casados con palestinos de Cisjordania. De acuerdo con las nuevas órdenes, los “infiltrados” sospechosos podrían asimismo ser encarcelados hasta siete años. Además, el deportado deberá pagar el coste de su propia deportación.

Subyace de manera implícita en la orden el intento israelí de fragmentar la causa palestina y apresurar el “politicidio” palestino. Gaza y Cisjordania es una sola entidad e Israel no tiene jurisdicción ni derechos legítimos para alterar esta realidad.

Los palestinos de Gaza y los palestinos de Cisjordania son todos palestinos, al igual que son ciudadanos británicos los de Londres y los de Birmingham y no hay autoridad moral ni jurídica que menoscabe los derechos de unos sobre los otros. La división del pueblo palestino es un intento temerario de disolver la causa palestina en unidades manejables con la intención de perjudicarla, e incluso, quizá, de echar por tierra las negociaciones sobre un estatuto final.

La política israelí de anexión no tiene límites. Se sigue comportando como un Estado canalla con un desprecio gratuito hacia los palestinos y hacia el derecho internacional. La comunidad internacional no debería sorprenderse por este nuevo paso porque no es más que una nueva manifestación del principio que vertebra y recorre la historia humana y no hay duda de que seguirá dando muestras de sus más detestables rasgos en los próximos años.

Estas órdenes militares pertenecen a un Estado de apartheid y no a una denominada democracia. Son productos de una visión del mundo basada en supuestos racistas y no en los valores de los derechos humanos y de la libertad humana.

Si la comunidad internacional se toma en serio la paz y el imperio de la ley no debe aceptar estas órdenes militares sencillamente porque se trata de un mero intento de expulsión masiva de palestinos. No se debe permitir que ninguna propaganda disuada del hecho de que esto no es sino legalizar la expulsión masiva del siglo XXI. En esencia, se trata del producto de una ideología que tiene por objeto la transferencia y la expulsión sistemática de palestinos de sus tierras. Cuando la guerra no es una opción, cuando el traslado abierto de población es intolerable internacionalmente, se busca cualquier otro método que sea menos visible.

Occidente sabe que se trata de un territorio ocupado y que Israel, a través de su ocupación, contraviene el derecho internacional todos los días sin ningún tipo de escrúpulos; y sin embargo, se le recompensa con un probable nombramiento como miembro de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Recompensar a Israel cuando Israel es poco menos que un Estado paria ha sido un tema permanente y es también la causa raíz del fracaso constante para lograr la paz y la justicia en la región. La paz exige justicia y la justicia no se sirve con un doble rasero en las declaraciones y en las acciones.

Nasim Ahmed es investigador sobre Oriente Próximo.

Fuente: http://www.uruknet.com/index.php?p=m65287&hd=&size=1&l=e

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=104662