Sin alegría en Egipto.

Daniel Williams · · · · ·


Mientras Egipto celebra el primer aniversario de la revuelta civil del 25 de enero que derribó finalmente el régimen de Hosni Mubarak que había perdurado treinta años, no hay acuerdo sobre cómo conmemorarlo o siquiera sobre si mostrarse exultantes es lo adecuado. Los actuales gobernantes militares — el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, o CSFA — quieren celebrar desfiles y exhibiciones aéreas de aparatos a reacción para regocijarse por la revolución, en la que su papel principal consistió en facilitar la salida del poder de Mubarak. Los grupos de jóvenes y los activistas democráticos que en su origen tramaron el levantamiento están llevando una campaña con el lema de “los generales son unos embusteros”, con pequeñas manifestaciones y presentaciones audiovisuales en las calles que dejan constancia documental de los abusos policiales y militares. Los políticos islamistas, victoriosos en las recientes elecciones parlamentarias, ensalzan el papel de los militares a la vez que presionan para una transmisión final de poderes a los civiles.

Sin embargo, por lo que respecta a los derechos humanos, ¿qué tienen que celebrar los egipcios? No tanto, lo que resulta un triste comentario sobre la revuelta acontecida en el país más populoso de Oriente Medio, punto de referencia para la política de la región, pese a su pobreza y estancamiento.

Sí, Mubarak está en el banquillo por matar manifestantes, lo que significa por lo menos un repudio simbólico de su opresivo reinado. Sí, Egipto celebró elecciones libres para elegir un parlamento nuevo en las que los partidos islámicos se impusieron en la carrera a las listas laicas y progresistas. Sí, los medios de comunicación independientes trabajan duro por fiscalizar la mala conducta gubernamental.

Pero con todo, buena parte de la herencia represiva de Mubarak se ha conservado e incluso fortalecido. El CSFA gobierna en su lugar y ha indicado que debería seguir siendo un poder entre bastidores, tal como lo ha sido en los último sesenta años desde el derrocamiento de la monarquía del país.

Los egipcios viven todavía bajo la ley de emergencia — en vigor desde el asesinato del presidente Anuar El Sadat en 1981 — que permite prohibir reuniones públicas, la detención indefinida sin cargos y el procesamiento por parte de tribunales especiales sin posibilidad de apelación y que son bien conocidos por atenerse a confesiones obtenidas bajo tortura. El martes pasado [24 de enero], el jefe del CSFA, el mariscal de campo Mohamed Hussein Tantaui, levantó parcialmente el estado de emergencia que llevaba treinta años impuesto, pero declaró que Egipto continuaría aplicando la ley de emergencia a los casos de "matonismo". El gesto de Tantaui dista de ser suficiente. Durante el pasado año, los tribunales militares condenaron a cientos de manifestantes pacíficos acusados de matones.

A lo largo de casi un año en el poder, el CSFA ha enviado con liberalidad a los civiles a los tribunales militares, otra práctica de los años de Mubarak, aunque con él se reservaba para los denominados casos excepcionales. En ocasiones, los magistrados han llegado a anunciar el veredicto antes de que comenzara el juicio. Los militares han detenido y condenado arbitrariamente a manifestantes pacíficos, algunos de los cuales permanecen todavía en prisión. Medidas que se remontan a la dominación británica de principios del siglo XX prohíben las reuniones de más de cinco personas "que amenacen la paz pública".

Aunque de acuerdo con los parámetros internacionales, el uso mortífero de la fuerza debería reservarse sólo para cuando sea estrictamente necesario proteger vidas, con la actual ley egipcia, la policía — que está de facto bajo control del CSFA — posee manga ancha para disparar a los manifestantes. El ministro del Interior dispone de una enorme capacidad discrecional para decidir sobre el uso de las armas y qué avisos han de darse a los manifestantes antes de abrir fuego. El 6 de enero, la Iniciativa Egipcia de Derechos Personales, una organización independiente de derechos humanos, denunció una declaración del ministro del Interior según la cual la policía recibiría bonificaciones por disparar a los “matones”, forma abreviada con la que el gobierno se refiere a los manifestantes.

Los reglamentos de la policía son bastante malos, pero las acciones de las fuerzas de seguridad — tanto de la policía como de los militares — han sido abominables. En octubre, los soldados atropellaron a los manifestantes con carros blindados y tiraron sobre ellos, matando a 27 personas que participaban en una concentración cristiana organizada para protestar por la quema de una iglesia. En noviembre, las fuerzas antidisturbios mataron al menos a 40 manifestantes durante los desórdenes de la Plaza Tahrir y sus alrededores, epicentro de las protestas. La policía golpea por sistema a los manifestantes, mujeres incluidas. Human Rights Watch ha documentado casos de tortura y abusos contra los detenidos por parte de soldados. Personal militar ha llevado a cabo ofensivas “pruebas de virginidad” en la persona de mujeres detenidas. Los serviles medios de comunicación estatales demonizan a los grupos de oposición y las organizaciones no gubernamentales como instrumentos de subversión de obscuras fuerzas extranjeras.

Se mantienen leyes que hacen vulnerables a los ciudadanos frente a un procesamiento por lenguaje "insultante" o palabras "perniciosas" para la moral o tendentes a cambiar el orden político existente. En marzo, el CSFA añadió un nuevo truco a las restricciones a las libertades de palabra y de reunión al criminalizar las huelgas y manifestaciones "que obstaculicen las obras públicas”. En abril, un tribunal militar condenó al joven bloguero Maikel Nabil Sanad a tres años de cárcel por "insultar al estamento militar”, al haber criticado la dominación militar en su blog y su página de Facebook. El CSFA declaró el pasado fin de semana que Nabil sería perdonado y liberado junto a más de 1.900 presos condenados en juicios militares. Fue un gesto que se anticipaba a la celebración del 25 de enero. Sólo que Nabil debería haber sido detenido y sentenciado. Egipto inauguró un nuevo parlamento el lunes pasado [23 de enero], que debería actuar con presteza a fin de borrar y dejar limpia la pizarra de las leyes que restringen la libertad de expresión, de asociación y de reunión, y que permiten a la policía demasiadas liberalidades cuando se trata de disparar sobre los manifestantes. Los parlamentarios deberían limitar la jurisdicción de los tribunales militares y revocar la ley de emergencia. Los amigos de Egipto en el exterior — incluyendo al gobierno norteamericano que le otorga asistencia — deberían prestar su apoyo incondicional a las reformas y resistirse a las sugerencias de que la continuación de la dictadura significa estabilidad. 


Con la revolución egipcia en sus estadios iniciales, es hora ya de que el parlamento ponga término al largo periodo de dominación por orden del gobierno militar.


Daniel Williams es investigador de la división de emergencias de Human Rights Watch. Trabajó anteriormente como corresponsal en el extranjero para diarios como The Miami Herald, Los Angeles Times, The Washington Post y Bloomberg News, cubriendo noticias de Oriente Medio durante la pasada década.


Traducción para www.sinpermiso.info: Lucas Antón

http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=4720