Última portada de la revista colombiana Cambio
BOGOTÁ, 10 feb (IPS) - ¿Qué le habría pasado a Colombia si se hubieran mantenido ocultas las operaciones del narcotraficante Cartel de Cali y de ejecutivos de la campaña electoral del ex presidente Ernesto Samper (1994-1998)?
¿Cómo sería Colombia si el escándalo de los políticos que se aliaron con las milicias paramilitares de ultraderecha se hubiera escondido debajo de las alfombras del Congreso legislativo?
¿Y si nunca se hubiera conocido la existencia de los secuestrados en poder de la guerrilla y el país se hubiera mantenido indiferente frente a ellos, nada hubiera cambiado?
Estas y otras preguntas comienzan a hacerse esta semana los colombianos ante el episodio del cierre de la revista Cambio, una publicación semanal que en cada edición había denunciado hechos de tal gravedad que se había convertido en parte importante de las preocupaciones de la ciudadanía de este país sudamericano que vive desde 1964 un conflicto armado interno
En enero de 1995, la periodista de Cambio, María Cristina Caballero, alertó al país sobre un cargamento de camisetas que los narcotraficantes del Cartel de Cali habían aportado a la campaña presidencial del candidato del Partido Liberal, Ernesto Samper.
Ese fue el hilo que condujo al ovillo de la multimillonaria contribución de los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, jefes del Cartel de Cali, al triunfo de Samper.
Sin proponérselo así, la periodista de Cambio aportó la primera prueba del que se llamaría luego proceso 8.000.
A lo largo de la historia de los últimos años, la edición de Cambio impidió que muchos ojos se cerraran y que los escándalos se escondieran.
En las últimas semanas, esa actividad de periodismo investigativo y de denuncia había inquietado hasta la indignación a los discretos funcionarios de la cancillería, al revelar los detalles del acuerdo sobre la presencia estadounidense en siete bases militares, alcanzado entre Bogotá y Washington el año pasado.
También reveló los abusos del ex ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, muy cercano al presidente Álvaro Uribe, con el programa Agro Ingreso Seguro, un plan para asistir a los agricultores que le permitió distribuir grandes sumas de dinero a un grupo de grandes empresarios que habían contribuido a las campañas electorales del mandatario.
La revista, fundada en 1994, pasó hace tres años a ser propiedad de la Casa Editorial El Tiempo, dueña del diario más importante de Colombia y cuya mayoría accionaria está en manos del español Grupo Planeta.
"Había miembros de la junta (directiva de Cambio) a quienes les parecía que no era conveniente tanto periodismo de denuncia", recordó la editora de la revista, María Elvira Samper. "Pienso que coexistían la molestia con la línea editorial y las inquietudes sobre rentabilidad", sostuvo.
Al dar a conocer el cierre de la revista, los comunicados de la Casa Editorial El Tiempo alegaron el agotamiento del "modelo de negocio". La revista no daba el rendimiento que se había esperado de ella, se sostuvo.
Sin embargo, el director de Cambio, Rodrigo Pardo, y la editora general Samper informaron lo contrario con datos de primera mano.
"En 2009 hubo ganancias, y para 2010 se habían vendido más de 1.500 millones de pesos", equivalentes a más de 700.000 dólares en publicidad, reveló Pardo. "No es creíble que una organización como El Tiempo tenga que cerrar una revista que dio utilidades", añadió.
En El Tiempo mantiene influencia la familia Santos, estrechamente ligada al gobierno, pues el vicepresidente es Francisco Santos, y Juan Manuel Santos fue ministro de Defensa entre 2006 y 2009.
Lo que cobran y lo que cierran son las investigaciones de Cambio sobre personajes cercanos al gobierno", escribió el columnista Héctor Abad.
La explicación está avalada por expresiones como la del ex ministro Santos, para quien la revista era "una idiota útil de las FARC", en referencia a la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
Otro personaje cercano a Uribe, el ex asesor presidencial José Obdulio Gaviria, llamó al director de Cambio "jefe de la bigornia", un rebuscado vocablo que equivale a facineroso.
Con todas estas razones se puso en marcha una "operación silencio", que tuvo dos etapas. La primera, el miércoles 3 de febrero a mediodía, cuando dos de los ejecutivos bajo órdenes del Grupo Planeta, Luis Fernando Santos y Guillermo Villaveces, citaron en sus oficinas a Pardo y a Samper para notificarles la decisión de convertir la revista semanal de información periodística en una revista mensual de entretenimiento.
El fin de Cambio, y de sus cargos, se produciría cuando, publicados los tres últimos números, renovarían el personal y la orientación y aparecería la nueva revista mensual.
Pardo y Samper comenzaron a trabajar en el nuevo número, en el que se daría cuenta a los lectores de las razones de la suspensión de la revista semanal y del impacto de ese hecho sobre el periodismo nacional.
Pero esas tareas se frenaron abruptamente el lunes 8, cuando una nueva decisión de la junta cesó en sus funciones a los dos directivos.
Esta decisión reafirmó a quienes ven en el cierre el cobro de cuentas por las denuncias de los "falsos positivos", asesinatos de jóvenes civiles perpetrados por militares para hacerlos pasar como bajas de la guerrilla en combate, los espionajes ilegales del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) contra opositores, activistas y periodistas, y el escándalo del Agro Ingreso Seguro, según la enumeración del columnista Alfredo Molano (Ver recuadros).
"El periodismo que investiga, que hace preguntas y no se somete, es una amenaza para el estado de opinión que nos quieren imponer", anotó la columnista María Jimena Duzán.
También despertó rechazo el criterio editorial expuesto por el dueño del Grupo Planeta, José Manuel Lara: "Hoy, el editor es aquel que va a preguntarle a la gente qué quiere leer, y después busca al especialista serio que lo haga", sentenció.
No coincide ese criterio con el de Pardo, que habla de "la responsabilidad social que implica el periodismo para la democracia y el fortalecimiento del debate público".
Además, se comprobó la imposibilidad de coexistencia entre el periodismo y los negocios. "Había demasiados negocios de por medio", concluyó Abad al recoger la versión repetida sobre las aspiraciones de Planeta de obtener la adjudicación de un tercer canal de televisión, que está por decidir el Estado.
La desaparición de Cambio es lamentable "cuando el país necesita más y no menos foros de discusión y cuando precisa de medios de comunicación libres", opinó el columnista Santiago Montenegro.
Desde el punto de vista de los periodistas, es un signo premonitorio del creciente poder empresario en los medios de comunicación, y de una información que se hará bajo sus reglas de juego.
* Con aportes de Constanza Vieira y Helda Martínez (Bogotá).
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Periodismo absuelto
"Es una absolución para todos nosotros" dijo el martes a los periodistas el sociólogo Alfredo Molano, al conocer la sentencia dictada por el juez José Eduardo Saavedra Roa.
El juez rechazó una demanda interpuesta contra Molano por algunos miembros de la familia Araújo Molina, de la nororiental ciudad de Valledupar, por los contenidos de su artículo titulado "Araújos et al" y publicado el 24 de febrero de 2007 en el periódico El Espectador, de Bogotá.
El periodista e investigador de las realidades campesinas de Colombia se libró así de ser procesado por calumnia e injuria, que son delitos penales en Colombia.
"Para mí es muy satisfactorio. Pero la verdad, es un fallo para todo el país en la medida en que defiende un principio constitucional y un principio de democracia", aseguró Molano, mientras en los corredores del juzgado un grueso grupo de seguidores del caso entonaban canciones como "Si se calla el cantor", de Horacio Guarany.
Mientras, el abogado de los Araújo anunció que apelaría la decisión del juez.
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Día del periodista, día de denuncias
El premiado periodista Hollman Morris y la reportera investigativa Claudia Julieta Duque reclamaron el martes al presidente Uribe que respondiera por actos de sabotaje y amenazas en su contra, cometidos por organismos de seguridad.
Morris y su familia son perseguidos desde hace 10 años, y Duque y su hija, desde hace ocho. Ambos demostraron en 2003 que el DAS, adscripto a la Presidencia, se había dedicado a desviar la investigación del asesinato del periodista Jaime Garzón, cometido en 1999.
En una conferencia de prensa celebrada el martes, Día del Periodista en Colombia, Duque mostró una decena de documentos del supuestamente disuelto Grupo Especial de Inteligencia 3 (G-3) del DAS, que indicarían que esa formación secreta reportaba al presidente y al ministro del Interior.
Se trata de parte de las actas del G-3 que están hace un año en poder de la fiscalía, unos 60.000 folios que no alcanzaron a ser destruidos por el propio personal del DAS antes de un allanamiento, que aún no han sido estudiados en su totalidad ni dados a conocer y que, según Duque, "no hablan por sí solos, sino gritan, gimen".
Entre esos folios aparecen órdenes de "finalizar urgente" con la periodista, demandarla por injuria y calumnia y amenazar directamente a su hija. También se ven protocolos del G-3 sobre cómo deben hacerse las amenazas telefónicas contra Duque y qué decir en ellas.
"’Neutralizar’ (era) lo que hacían vía telefónica, especialmente con las mujeres: con Claudia Julieta, con mi esposa", Patricia Nieto, dijo Morris, así como con Soraya Gutiérrez, del no gubernamental Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.
A Gutiérrez le enviaron "una muñeca con la imagen de su hija despedazada; también está comprobado que fue el G-3. Se ensañaron con las mujeres. Las destrozaron psicológicamente, y por ahí mismo a nosotros", señaló el periodista.
Unas 300 personas, entre magistrados de la Corte Suprema de Justicia, defensores de derechos humanos, políticos opositores y líderes de la sociedad civil, fueron designadas "blancos" por el G-3.
Hasta ahora se han encontrado órdenes contra 16 periodistas. Una dispone borrar en los aeropuertos, mediante imanes, la información del computador del corresponsal sueco en América Latina, Dick Emanuelsson.
"Lo que estamos diciendo de fondo es que (el presidente) Álvaro Uribe tiene responsabilidad política en lo actuado y efectuado por el G-3. Que no puede evadir esa responsabilidad. Y que las víctimas, como la sociedad colombiana, estamos esperando una explicación del hombre que respira y transpira 100 por ciento, 24 horas del día, por la seguridad", dijo Morris a IPS.
http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=94652
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