El derecho humano de la decisión.

EL DEBATE SOBRE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS EN AMERICA LATINA


Cómo reducir la mortalidad materna y el embarazo adolescente, cómo lograr que la maternidad no sea una imposición. Un Congreso Latinoamericano de Derechos Sexuales y Reproductivos celebrado en Guatemala propuso duplicar la inversión en salud sexual, garantizar la educación en sexualidad y avanzar en la despenalización del aborto.

Por Mariana Carbajal

Desde Ciudad de Guatemala

La eliminación de los embarazos no deseados reduce la pobreza: si se lograran evitar, el impacto sería equivalente a un aumento del ingreso per cápita de entre un 10 y 20 por ciento. El dato surge de un estudio realizado por el Fondo de Población de Naciones Unidas (Unfpa) y lo reveló la mexicana Nadine Gasman, directora regional de Unifem para la campaña contra la violencia hacia las mujeres de la ONU, con sede en Panamá. Gasman expuso en la apertura del V Congreso Latinoamericano de Derechos Sexuales y Reproductivos (DSyR), que se desarrolló a lo largo de tres días en esta ciudad, con más de medio millar de participantes de 17 países, y donde se reafirmó que los DSyR son derechos humanos. Quedaron claros algunos acuerdos, que Gasman resumió así: para reducir la mortalidad materna y el embarazo adolescente, y conseguir que la maternidad sea una elección y no una imposición, se deben duplicar las inversiones en salud sexual y reproductiva, garantizar una educación integral en sexualidad en las escuelas, erradicar la violencia contra las mujeres y avanzar con legislaciones que despenalicen el aborto. En ese marco, el gobierno uruguayo anunció que impulsará en la Unasur y el Mercosur la expansión de la consejería pre y post aborto en la región, una estrategia de reducción de daños que viene llevando adelante Uruguay y que apunta a que las mujeres puedan, por su cuenta pero sin riesgos, interrumpir una gestación no deseada con un fármaco (el misoprostol), hasta tanto se logren reformas que legalicen el aborto (ver aparte).

En América del Sur, donde la mayoría de los países tienen leyes que penalizan esa práctica, se practican 33 abortos inseguros cada 1000 mujeres de 15 a 44 años, indicó Fática Juárez, profesora del Colegio de México e investigadora del Instituto Guttmacher, de Nueva York. “Esta cifra es mayor que la de todas las demás regiones del mundo en desarrollo, incluida Africa, y catorce veces mayor que la de los países desarrollados”, comparó Gasman.

Conseguir que la maternidad sea libremente elegida y que la vida de las mujeres no corra riesgo como consecuencia de un embarazo fueron dos de las banderas levantadas durante el encuentro.

Según la OMS, la proporción de muertes maternas que resultan de abortos inseguros –realizados con métodos precarios–, en América latina y el Caribe es muy alta y supera la de Asia y Africa, precisó la especialista de Unifem. “Se estima que entre un 10 y un 20 por ciento de todas las mujeres que tienen abortos necesitan, pero no reciben, atención médica para complicaciones graves”, destacó Juárez, al presentar, en una de las conferencias, el estudio “Aborto a nivel mundial: una década de progreso desigual”, realizado por el Instituto Guttmacher.

Gasman, quien hasta 2009 representó a Unfpa en Guatemala, puso énfasis en el impacto que puede tener la inversión en salud sexual y reproductiva. “Cada dólar invertido en planificación familiar tiene beneficios sociales tan altos como si invirtiéramos 31 dólares en servicios de salud, abastecimiento de agua, educación y vivienda”, destacó la médica, especializada en salud pública. Y aportó otro dato estremecedor: “El costo mundial para acabar con la mortalidad materna evitable es de 6000 millones de pesos. Nos puede parecer mucho, pero es equivalente a dos días y medio del gasto militar mundial”. Si bien la mortalidad materna se redujo entre 1994 y 2005 en la región un 26 por ciento, “se observa un virtual estancamiento que es motivo de preocupación y evidencia la necesidad de adoptar medidas adicionales”, expresó. A este ritmo, advirtió, no se llegará a cumplir con el Objetivo del Milenio de reducir en tres cuartas partes la MM en los países de la región.

El V Congreso Latinoamericano y I Centroamericano se llevó adelante entre el miércoles y el jueves, en esta ciudad rodeada de montañas y de primavera eterna. Asistieron profesionales de la salud, proveedores de servicios, investigadoras e investigadores, activistas y periodistas. En representación del gobierno argentino participó la coordinadora del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, Paula Ferro. Página/12 fue el único medio del país.

“Dignidad, Justicia y Equidad en Salud”, fue el lema convocante. Durante el encuentro se analizó cuál es el contexto actual y los desafíos para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos en América latina, desde una óptica de derechos humanos, en más de treinta mesas redondas. Las profundas desigualdades en la región y al interior de cada país fue uno de los obstáculos identificados. Pero no el único: la presión de sectores conservadores vinculados con la Iglesia Católica fue eje de fuertes críticas. “Poner una mordaza para evitar que los jóvenes tengan educación sexual es una violación de los derechos humanos”, señaló la diputada guatemalteca Zury Ríos, ferviente defensora de los derechos de las mujeres en este país. Demandas judiciales en la mayoría de los países de la región –incluida Argentina– para prohibir la distribución gratuita de la anticoncepción hormonal de emergencia con el falso argumento de que sería “abortiva” es una de las acciones repetidas de los grupos fundamentalistas. Pero aquí en Guatemala han llegado tan lejos como a censurar un suplemento femenino. En una de las mesas redondas, la periodista Yeny Leiva, editora del suplemento Semanario mujer del diario Prensa Libre, denunció que grupos fundamentalistas consiguieron que la dirección del periódico bloqueara la publicación en el suplemento de artículos que mencionen las palabras “orgasmo”, “deseo”, “aborto” y “sexualidad”. “Nuestra intención era informar sobre la sexualidad a las lectoras. En Guatemala hay muchas mujeres que desconocen lo que es un orgasmo”, contó Leiva. Pero “por presiones de sectores conservadores” el año pasado tuvieron que dejar de publicar sobre la temática. Leiva también reveló que una periodista de Prensa Libre que había escrito un artículo sobre sexo oral fue insultada por gente que la fue a esperar a la salida de la redacción del diario para agredirla. “Yo colecciono el suplemento para mis hijos adolescentes –intervino una mujer del público– y al que más le interesa es a mi esposo, porque mis hijos están más informados que él”, comentó y generó carcajadas en la audiencia.

Guatemala es uno de los países de Latinoamérica con más alto índice de violencia contra las mujeres. Es el segundo, después de El Salvador, con 93 feminicidios perpetrados en el marco de una relación de pareja por cada millón de mujeres mayores de 14 años, de acuerdo con un informe internacional publicado hace dos semanas por el Centro Reina Sofía, de España, especializado en la temática. La mortalidad materna es 158 decesos cada 100 mil nacidos vivos, precisó el médico Edgar Kestler, director ejecutivo del Centro de Investigación Epidemiológica en Salud Sexual y Reproductiva de Guatemala y presidente del comité organizador del V Congreso. Sólo está despenalizado el aborto terapéutico, es decir, para salvar la vida de la mujer. En otros países como Nicaragua y El Salvador el acceso al aborto es aún más restrictivo: el procedimiento está prohibido en cualquier circunstancia, incluida para salvar la vida de la mujer. La abogada estadounidense Nicolle Catrivanos, que está trabajando en El Salvador, contó a Página/12 que las mujeres que recurren a un aborto y requieren asistencia médica en un hospital son denunciadas por el personal médico y terminan esposadas mientras reciben curaciones. “Se las acusa incluso por homicidio agravado por el vínculo y pueden recibir hasta 30 años de prisión. La mayoría, claro, son jóvenes, pobres y de poca educación”, sostuvo Catrivanos.

La abogada colombiana Alejandra Cárdenas, del Centro para los Derechos Reproductivos, con sede en Nueva York, se explayó sobre cómo se pueden defender los derechos sexuales y reproductivos con el derecho internacional de los derechos humanos, frente al ataque de los grupos ultracatólicos. “Hay que poner las cosas claras para las cortes nacionales: ni el feto ni el cigoto ni el embrión son personas frente al derecho internacional”, enumeró. Y detalló cuál es la posición de los organismos de la ONU al respecto: “El sistema universal de protección de derechos humanos ha rechazado otorgar ‘el derecho a la vida’ desde el momento de la concepción y ha rechazado una protección absoluta de la vida en gestación y en consecuencia ha rechazado una prohibición absoluta del aborto”, explicó y citó los tratados correspondientes y las posiciones sobre el tema de los comités que monitorean su cumplimiento. Para acceder a las ponencias que se presentaron durante el encuentro se puede visitar la página www.congresoderechosysalud.com.

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-145361-2010-05-09.html